Santo Domingo. Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación sobre la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que falleció tras ser abatido por agentes federales durante un operativo en Minneapolis, un caso que sigue generando reacciones políticas, cuestionamientos públicos y atención mediática a nivel nacional e internacional.
Pretti, identificado por familiares y colegas como enfermero de cuidados intensivos en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Minneapolis, murió el sábado durante un forcejeo con agentes federales de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el disparo fue efectuado en defensa propia, tras un enfrentamiento violento.
Sin embargo, nuevas revisiones de material audiovisual difundido públicamente parecen mostrar que el hombre había sido desarmado momentos antes de recibir el disparo fatal, lo que ha intensificado el debate sobre el uso de la fuerza y la actuación de los agentes involucrados.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, reiteró este domingo sus críticas a la versión oficial del DHS y exigió una investigación independiente, calificando el relato federal como “engañoso” y carente de credibilidad. Desde el Ejecutivo estatal se insiste en la necesidad de esclarecer la secuencia exacta de los hechos y determinar posibles responsabilidades.
De acuerdo con fuentes policiales, Pretti contaba con permiso legal para portar armas, extremo que no está siendo cuestionado por las autoridades locales. Compañeros de trabajo aseguran que llevaba cerca de cinco años atendiendo a veteranos con enfermedades graves y participando en iniciativas de investigación clínica dentro del sistema de salud para excombatientes.
En un comunicado difundido por la familia, sus padres lo describieron como “una persona dedicada a servir a los demás” y subrayaron su compromiso con los veteranos a los que atendía. Mensajes similares se han multiplicado en redes sociales y entre profesionales sanitarios del país.
Mientras el caso sigue bajo análisis, organizaciones civiles y líderes políticos reclaman mayor transparencia y rendición de cuentas en los operativos de las agencias federales, en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades en Estados Unidos.
